Santo Domingo. Más de 60 exdirectores regionales, distritales, adjuntos y subdirectores del Ministerio de Educación (Minerd) denunciaron que fueron removidos de sus cargos en condiciones que vulneran sus derechos laborales, incluyendo la reducción arbitraria de salarios y la suspensión de incentivos como titulación académica, evaluación de desempeño y antigüedad.
Los afectados califican esta situación como una «injusticia institucional» que ignora la trayectoria profesional y afecta a miembros del Frente Magisterial José Francisco Peña Gómez, muchos de ellos también dirigentes del PRM en distintas provincias.
Afirman que en los más de 20 años de historia del Minerd nunca se había degradado salarialmente a directivos tras su salida del cargo, por lo que consideran esta acción como discriminatoria y contraria a la legalidad. Han notificado su situación al Ministerio de Administración Pública (MAP) y al ministro de Educación.
Los denunciantes señalan que esta práctica comenzó en la gestión del exministro Ángel Hernández y ha continuado bajo la administración actual sin ser corregida.
El pasado 2 de abril presentaron formalmente una solicitud de revisión ante el Minerd, de la cual aún esperan respuesta.
Alegan que, de persistir el silencio administrativo, llevarán el caso ante el Tribunal Superior Administrativo e incluso al Tribunal Constitucional, amparándose en la Ley 107-13, que garantiza trato justo, legalidad y confianza legítima en las relaciones con la administración pública.
Indican que por años el Minerd mantuvo la práctica de conservar salario base e incentivos tras la remoción de personal directivo, lo que consideran un derecho adquirido bajo el ordenamiento jurídico. Denuncian también disparidades salariales actuales entre funcionarios de igual rango.
Entre sus requerimientos al Minerd se encuentran la revisión de las medidas que redujeron sus ingresos, el pago retroactivo de lo adeudado y la restitución de los beneficios legales eliminados sin justificación.
Finalmente, señalan que esta situación sienta un mal precedente para la estabilidad del servicio público, particularmente en el sector educativo, y afirman que su lucha es por justicia, equidad y el respeto al trabajo honesto que han desempeñado durante años.
